La Federación, forzada a suspender la directriz que pretendía obligar a los afiliados a desmontar las competiciones y a arbitrar bajo pena de impedirles participar en las actividades oficiales
Islas Canarias – 10/02/2014. Fue preciso que los clubes y deportistas mostraran públicamente su rechazo a las nuevas normativas, incluidas en la circular del 3 de febrero, para que la Junta Directiva de la Federación Insular de Judo Gran Canaria diese marcha atrás en sus controvertidas pretensiones de obligar a los afiliados a realizar el desmontaje de las competiciones y bajo pena de no dejarlos participar en las actividades oficiales, así como la obligación de presentar árbitros a los torneos. Hizo falta que los judokas grancanarios se declarasen en rebeldía para que los representantes federativos anunciasen una reunión con los clubes y la suspensión temporal de la polémica normativa.
No tenía lógica alguna la aprobación por parte del presidente Domingo Afonso y su junta directiva de esas directrices que presuntamente vulneran los derechos de los afiliados, clubes y deportistas. Ningún afiliado puede tener condicionada su participación en una actividad federada, al hecho de que realice labores de desmontaje. Ni en la Ley Canaria del Deporte, ni en los Estatutos de la Federación Canaria de Judo y Deportes Asociados se indican que cuando una persona se federa, contrae la obligación de trabajar para la federación. Los conceptos de intento de explotación y coacción fueron algunos de los aspectos más mencionados durante la pasada semana.
UNA REUNIÓN, SIN LOS ORGANIZADORES. El día 6 de febrero, y una vez que los clubes manifestaran públicamente su total desacuerdo con las directrices aprobadas por la Junta Directiva de la Federación de Gran Canaria, que preside, desde hace más de 16 años, Domingo Afonso, la Insular anunció una reunión para el día siguiente, 7 de enero y la suspensión temporal de las nuevas normativas. La reunión se celebraría en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Gran Canaria y a la misma podrían acudir los directores de clubes.
La convocatoria de la reunión venía firmada por la presidencia, pero ni el presidente ni el resto de la junta directiva acudieron al acto organizado por ellos mismos. La presencia casi simbólica de Alejandro Doblado, director técnico de la Insular, quien argumentó haberse enterado la noche pasada de la circular emitida, durante el mediodía anterior, acabó por redondear la escenificación del grave problema por el que atraviesa la Federación de Gran Canaria.
El presidente de la Comisión de Arbitraje, Ignacio Apestegui (de la cual se desconoce la identidad del resto de sus miembros) y cuya única vinculación con la faceta arbitral es como árbitro de kendo, fue el encargado de dirigir la reunión, que se desarrolló, con los escasos asistentes, sentados en unos bancos y a pie de pista, en la cancha polideportiva de la Ciudad Deportiva Gran Canaria, ofreciendo una paupérrima imagen del judo grancanario.
La reunión resultó meramente anecdótica, ya que no se solucionó nada y tan sólo puso en evidencias las carencias de la Federación de Gran Canaria, tanto en organización como en el arbitraje. Al final, las normativas siguen en suspensión, ya que los clubes no van a permitir que se les impongan reglas que coarten los más elementales derechos de los deportistas.
El pasado día 29 de julio de 2013, una treintena de deportistas presentaron un escrito dirigido a Ignacio Apestegui, donde se le solicitaba que identificara al resto de miembros de la Comisión de Arbitraje que presidia, así como conocer diversos aspectos de las presuntamente irregulares normativas de arbitraje que se intentaron establecer el pasado año 2013. Aún a día de hoy no se ha recibido respuesta a esa reclamación formal de los deportistas. Casi seis meses después, el pasado 15 enero de 2014, dicha circunstancia fue puesta en conocimiento del Juez Único de competición y disciplina deportiva de la Insular, y una vez más, el silencio por respuesta.
LOS CLUBES MÁS IMPORTANTES, FUERA DE LA ASAMBLEA. El presunto irregular proceso electoral de 2010 (solo resta que el Juez ratifique de manera definitiva la sentencia) marcó un antes y un después en el judo de Gran Canaria y por extensión en el de Canarias. Los clubes más importantes o los deportistas más destacados eran relegados al destierro de no pertenecer a la Asamblea de la Insular de Gran Canaria o de la Canaria.
Clubes como el Polikata de Ramón Domínguez; Judo Club Tama, de Rodolfo Hernández, Judo Club Furanca, de Francis Almeida, Judo Club Las Nieves, de Jorge Hernández o el Judo Club Carmelo Armas, así como el olímpico y campeón de Europa sénior Aythami Ruano no tienen ni voz ni voto en la Asamblea de la Insular, ni en la Regional. Resulta incomprensible que los clubes que más deportistas aportan a las competiciones y cuentan con el mayor número de licencias, son precisamente, los que no figuran entre los representantes en los distintos estamentos federativos. Las controvertidas elecciones de 2010 dibujaron un nuevo escenario, donde los verdaderos sustentandores del judo grancanario, fueron claramente marginados.
DIETAS Y SUELDOS. El distanciamiento entre clubes y federación se ha visto agravado en los últimos años por la ausencia de información sobre los ámbitos administrativos, financieros, presupuestarios y deportivos de la Insular de Gran Canaria. El 7 de junio de 2012, un grupo de deportistas y padres presentaron un escrito dirigido al presidente Domingo Afonso, solicitándole que la Federación de Gran Canaria actuase bajo un Protocolo de Transparencia y Buen Gobierno. En dicho documento se le solicitaba que se diera a conocer a todos los deportistas los detalles sobre la situación administrativa y financiera de la federación. Entre las cuestiones solicitadas, se encontraba el deseo de que se aclarase quienes, y en concepto de qué se recibían dietas o sueldos en la estructura federativa. Tras año y medio, el escrito sigue sin respuesta por parte del máximo representante federativo.
NO SE RESPONDE A LOS ESCRITOS. Otra de las reivindicaciones en la que más coinciden la mayoría de los afiliados es la ausencia de horarios de apertura al público de la Federación de Gran Canaria, ubicada en el Estadio de Gran Canaria. En este sentido, la Insular que preside Domingo Afonso, se ha destacado por no recoger ni los burofaxs que envían los deportistas. De igual manera, los escritos que se presentan no reciben el correcto protocolo administrativo, por lo que no se les pone número de registro de entrada o no se les rubrica el más elemental, ‘recibí’. Esta irregular manera de proceder por parte del personal administrativo genera una mayor incertidumbre y desconfianza entre los afiliados.
Los deportistas desconocen, a pesar de haberlo solicitado por escrito, quiénes son los titulares de los órganos disciplinarios federativos. Es decir, que no se conoce la identidad de la persona que realiza las labores de Juez Único de competición, ni se sabe quienes conforman el Comité de Apelación. Los escritos presentados a ese respecto tampoco han obtenido respuesta del presidente.
De igual manera se han presentado escritos para conocer los importes económicos que componen las diferentes cuotas y tasas federativas que se les aplican a los deportistas de Gran Canaria, es decir, qué cantidad de dinero recibe la Federación Española, cuanto se destina a la Federación Canaria y cuánto dinero se queda en las arcas de la Insular de Gran Canaria. Nuevamente, el silencio ha sido la respuesta del presidente Domingo Afonso. Todas estas anomalías han propiciado el tremendo desgaste de la confianza de los afiliados que asisten, incrédulos, a un desfile de escritos, a lo largo de los últimos tres años, solicitando información que, incomprensiblemente, nunca llegan a tener respuesta.
